En un país como el nuestro donde un 44% de la población vive bajo el nivel de pobreza y la participación laboral se sitúa en alrededor del 40%, programas como el crédito por trabajo o “Earned Income Tax Credit” (EITC) merecen robustecerse, porque han demostrado ser efectivos en reducir la pobreza. Además, estudios demuestran que el EITC tiene un impacto amplio que se extiende a todas las etapas de la vida de las personas y familias que en algún momento se benefician del mismo. Toda vez que mejora la salud infantil y maternal, mejora el desempeño escolar de niños y niñas, augura mayor probabilidad de aceptación a nivel universitario y representa mejores ingresos futuros, así como más beneficios e ingresos en la jubilación.
Puerto Rico tuvo un crédito por trabajo que se aprobó en el año 2006 y estuvo en efecto desde el 2007 al 2013. Lamentablemente, en el 2014 se legisló para eliminar el crédito, en vez de mejorarlo. Luego, con la Reforma Contributiva del 2018 se restableció un nuevo crédito por trabajo. También se aumentó la cantidad máxima del crédito de $450 a $2,000 anuales y se mejoró su diseño. Este nuevo crédito entró en vigor con la planilla del año contributivo 2019 y se proyectaba que pudiese beneficiar a sobre 400,000 personas anualmente, a la vez de incentivar el trabajo formal y aumentar la participación laboral
Desde el año 2019, Puerto Rico asigna en el presupuesto general una partida de $204 millones anuales para ofrecer un alivio a las personas trabajadoras de ingresos bajos o moderados en forma de un crédito por trabajo o “EITC”. Según los datos que hasta el momento ha publicado el Departamento de Hacienda, el crédito por trabajo reclamado en la planilla 2019 benefició a unas 258,757 personas y totalizó $115.2 millones, dejando $88.8 millones presupuestados sin utilizarse. De los beneficiados, el 54.1% o 140,053 personas de las que reclamaron el crédito, su responsabilidad contributiva fue cero. El grupo restante (118,704 contribuyentes o 45.9% de los beneficiados), tuvieron un saldo positivo en el cómputo de su responsabilidad contributiva, lo que totalizó $27.7 millones. Dicho grupo reclamó $41.3 millones o un 35.8 % del total, mientras que aquellos con responsabilidad cero reclamaron $77 millones (64.2%). Un total de 73,961 personas de las que reclamaron el beneficio entraron como nuevas al sistema contributivo.
¿Por qué se quedó corto el programa? ¿Qué ajustes deben hacerse en el diseño del crédito vigente para maximizar su alcance? ¿A quiénes se debe mejorar o incluir? ¿Cuántas personas que cualificaban para el crédito vigente no lo reclamaron y por qué? ¿Cuántas personas reclamaron el crédito máximo? ¿En qué industrias se desempeñan los beneficiarios? ¿Cuántos de los beneficiarios son mujeres jefas de familia? ¿Cómo aplicar la experiencia de otras jurisdicciones con el EITC a las necesidades de Puerto Rico?
Estas interrogantes son parte de la reflexión que tenemos que hacer en cuanto a política pública y uso de fondos públicos se refiere.
Con la aprobación del American Rescue Plan Act (ARPA) el monto del crédito por trabajo podría multiplicarse por cuatro y una persona que cualifica para el máximo de $2,000 anual por crédito, potencialmente podría recibir hasta $6,000 adicionales. Sin embargo, la oportunidad de pareo que extiende el gobierno federal para ampliar el EITC local requiere que Puerto Rico gaste los $204 millones presupuestados, para que el gobierno federal comience a reembolsar la ampliación del programa.
Para potenciar al máximo el crédito por trabajo hay que empezar por revisar y rediseñar el EITC local y trabajar una campaña de orientación para asegurar que las personas que cualifiquen reciban su crédito. No hay que esperar al siguiente año contributivo, los alivios hacen falta ahora, el dinero está, y los cambios se pueden hacer ya y hacerse extensivos a la planilla 2020.
Urge tomar acción tanto por el Ejecutivo como por la Asamblea Legislativa.
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Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el 1 de abril de 2021.
